CASO
27-2017: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
DECRETO SOBRE LA CUARENTENA Y EL CORONAVIRUS
23 de Abril de 2020
VISTO la Sentencia y las actuaciones posteriores del “Caso
CIDH” realizadas
por el Comité Internacional de Ética
Budista, dictaminando a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como
Responsables de Violación a los derechos de los pueblos budistas y comunidades
espirituales, Violación de los derechos humanos a la vida paz e integridad, y
Violación al Derecho Internacional;
CONSIDERANDO:
Que el Comité Internacional de Ética Budista
realizó en el 20 de septiembre de 2018 un Manifiesto sobre Torturas Carcelarias, exigiendo
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que
investigue y juzgue los Crímenes contra la humanidad cometidos por el
gobierno argentino y su patrón sistemático y generalizado de maltrato y abuso policial,
detenciones arbitrarias y torturas realizadas por las
fuerzas de seguridad argentinas, las cuales también suelen recurrir a la
realización de cientos de ejecuciones extrajudiciales con
total impunidad;
Que en dichas actuaciones post-sentencia se responsabilizó
a la CIDH como Cómplice de Crímenes de lesa
humanidad en caso de que ésta decida ignorar estas terribles violaciones
a los derechos humanos que han sido denunciados no sólo por el
Comité Internacional de Ética Budista
sino también por organizaciones como la
Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Procuraduría
de Violencia Institucional (Procuvin);
Que de igual modo el presente Decreto dictamina
Responsabilidad de la CIDH en la
mantención de la impunidad de los Crímenes contra la humanidad que
realiza el Estado Argentino con la excusa de la cuarentena por la pandemia del Coronavirus;
Que asimismo la no denuncia del comportamiento
criminal del Estado Argentino forma parte de un patrón sistemático de la CIDH, por lo que su omisión es un acto de
complicidad, cometiendo entonces un Alto Crimen contra las Libertades
fundamentales intrínsecas;
Que se reconoce que el índice de mortalidad del Coronavirus no sería el 3,4% que
informó la Organización Mundial de la
Salud, ni tampoco sería el 1% como plantean estudios de China y Alemania,
sino que como señalan importantes científicos de la Stanford University la verdadera mortalidad sería del 0,12%, tal y como
afirman el epidemiólogo Ioannidis y otros colegas, siendo así muy similar a la
letalidad de la gripe ordinaria, lo cual significa que las cuarentenas masivas
son uno de los actos de psicosis
colectiva más grandes de la historia al ser medidas totalmente
desproporcionadas con respecto al problema que pretenden remediar;
Que las cuarentenas únicamente funcionan cuando un
pueblo ha sido infectado y se lo cerca para que no infecte al resto de la
población nacional o internacional, por lo que declarar una cuarentena para
toda la población de un país es un acto de irracionalidad absoluta en tanto no
se está realizando ningún tipo de separación entre los enfermos y los sanos;
Que la mayoría de las cuarentenas han sido
declaradas por gobiernos con sistemas de salud deplorables, dado que los
Estados han preferido invertir en armamento en lugar de invertir en salud, por
lo que la cuarentena no sería un remedio sino que tan sólo estaría encubriendo
la responsabilidad de los líderes políticos en tener un sistema sanitario que
se desborda y produce miles de muertos ante la mera aparición de una enfermedad
menor como lo es el Coronavirus;
Que la humanidad se encuentra padeciendo un grave
Ataque de Pánico Global, siendo más necesaria que nunca la Salud Espiritual
o Cura (Nirvana) del sufrimiento psicológico producido por llevar una vida infectada
por las enfermedades de la codicia, odio y engaño que hacen que la humanidad
tenga una obsesión con los rumores, la superficialidad y el mal de las redes
sociales, propagando el virus de la ignorancia, el miedo y la separatividad
entre las personas;
Que de conformidad con lo expuesto el gobierno
argentino ha realizado un Golpe de Estado, pues el poder
ejecutivo se ha adueñado del Estado y han dejado de funcionar los sistemas
legislativo y judicial, incluso suspendiendo de facto los derechos civiles, lo cual es totalmente
inconstitucional y también contrario a los tratados y convenciones
internacionales de derechos humanos;
Que el gobierno argentino ha permitido que las
administraciones locales de cientos de ciudades y provincias bloqueen de forma
irracional, inconstitucional e ilegal los límites de los territorios y accesos
de las calles o rutas para impedir el acceso de otros ciudadanos, e incluso se
ha permitido que estos gobernantes ilegalmente obliguen a las personas a
permanecer en sus casas, lo cual significa que han decretado ilegalmente un Estado
de sitio encubierto en sus ciudades, violando derechos humanos
establecidos en la Constitución Nacional
Argentina al restringirlos sin fundamentos legales, pues los gobernadores e
intendentes no están legalmente habilitados a cerrar caminos o establecer
fronteras, y estarían desobedeciendo a la Constitución
Nacional Argentina donde se afirma que los ciudadanos de cada provincia
gozan de todos los derechos y privilegios de ciudadanía en las demás, siendo la
misma Constitución que además establece
que todos los ciudadanos gozan del derecho a transitar por todo el territorio
nacional, no pudiéndose realizar restricciones sin fundamento legal ni tampoco normas
discriminatorias que impidan el tránsito;
Que la Constitución
Nacional Argentina permite restringir la libre circulación únicamente
cuando el Presidente solicita al Congreso la declaración del Estado
de sitio, lo cual no ha sucedido hasta el momento, demostrando así la
ilegalidad e inconstitucionalidad de las actuaciones del gobierno argentino de
Alberto Fernández frente a la pandemia del Coronavirus, la cual no amerita de
ningún modo arrasar con las protecciones constitucionales y los derechos
humanos;
Que una gran cantidad de municipios han declarado
sus propios toques de queda con restricciones a la circulación y
prohibiciones absolutas de salir de los domicilios luego de un horario
determinado, tomando medidas ilegales con total independencia de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, y dictaminando medidas que
suelen impedir la circulación desde la tarde, lo cual no sólo es una medida
ilegal que no surge de ninguna norma sino que incluso ignora que los
intendentes no tienen ningún tipo de potestad para desoír garantías
constitucionales y dictaminar medidas sanitarias que son incumbencia del
gobierno nacional;
Que una gran cantidad de gobiernos provinciales de
Argentina tomaron decisiones ilegales y prohibieron el acceso a sus
territorios, incluso bloqueando sus accesos y dejando a una gran cantidad de
personas atrapadas entre los límites provinciales, como es el caso de un grupo
de andinistas que si bien pasaron los chequeos médicos quedaron varados sin
alimento e higiene apropiada en una ruta interprovincial luego de que se decidieron
estas restricciones inconstitucionales, no pudiendo acceder a la provincia de
Catamarca ni tampoco a la provincia de La Rioja, por lo que, al no dejarlos
seguir ni tampoco retornar y ni tampoco armar las carpas para protegerse de la
pandemia del mosquito del dengue, los gobernantes provinciales no sólo
cometieron un abuso de poder sino también un abandono de persona y un tratamiento inhumano que viola las
condiciones básicas de vida, formando parte de un plan sistemático que es un crimen
de lesa humanidad;
Que decenas de ciudadanos argentinos también
quedaron atrapados en un puente entre la frontera de Argentina y Brasil en
Puerto Iguazú, no pudiendo ingresar a ninguno de los dos países a pesar de ser
ciudadanos, lo cual constituye uno de las decisiones más incomprensibles e
inhumanas de la historia del país, dejando a estas personas en un estado de
aprisionamiento ilegal e infrahumano sin alimento ni higiene;
Que se concuerda con el exembajador argentino Jorge
Asís, quien ha definido al actual gobierno argentino como un Estado
Policial incluso aunque parezca tener una buena causa, pues el gobierno argentino ha decidido mantener un
estricto control sobre toda la sociedad por medio de la supresión de los
derechos fundamentales y las libertades civiles, desplegando todas las fuerzas
de seguridad para tales fines en lugar de utilizarlas en combatir el
narcotráfico y el crimen organizado, lo cual implica que el gobierno argentino
contradice la Constitución Nacional
Argentina y las Convenciones de derechos humanos, conformando un Estado
Policial antidemocrático y
anti-republicano;
Que el grupo de médicos expertos que asesoran al
gobierno argentino para continuar con la cuarentena ilegal están formando parte
de un plan sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos,
pues se han violado los derechos al trabajo por no permitir que la población
pueda salir a ganarse su alimento, se ha violado el derecho a la libertad de movimiento
al requerir permisos gubernamentales para aquellos que deseen salir de sus
casas, se ha violado el derecho a la educación por suspenderse las clases
escolares y universitarias, se ha violado el derecho a la libertad de culto por
no permitir el funcionamiento de las iglesias, se ha violado el derecho a la
reunión por no permitir que personas amigas se junten en sus casas, se ha
violado el derecho a la salud al generar miles de muertes producto de cancelar
consultas y procedimientos médicos relacionados con enfermedades
cardiovasculares que son la primer causa de muerte en el mundo, se ha violado
el derecho al bienestar por no permitir el funcionamiento de la psicología, se
ha violado el derecho a la defensa por no permitir el funcionamiento de
abogados, y se ha violado el derecho al desarrollo por no permitir el
funcionamiento de cientos de miles de empresas cuyo 80% de éstas se encuentran
al borde de la bancarrota al no poder pagar los sueldos de sus empleados, todo
lo cual es un conjunto de medidas incoherentes y disparatadas en un país en el
que antes del Coronavirus ya existía un 40% de pobreza y que ahora se ve frente
a un posible estallido social producto de la ignorancia e inoperancia de la corrupta
casta política;
Que el gobierno argentino ha realizado durante la
Cuarentena un sistema generalizado y sistemático de detenciones arbitrarias
por parte de las brutales fuerzas represivas estatales, lo cual es un crimen
contra la humanidad, llegándose a la escandalosa cifra de más de 3 millones
de personas detenidas o imputadas por la única razón de ejercer sus derechos
constitucionales y libertad a la circulación, pero no por la razón de propagar
una epidemia, lo que implicaría que en Argentina existen más violadores de cuarentena que enfermos de Coronavirus
en todo el mundo;
Que la detención de personas en el marco de la
pandemia del Coronavirus únicamente sería una detención legal cuando esté
comprobado judicialmente no sólo que la persona está infectada sino también que
ha decidido propagar intencionalmente el virus a otras personas;
Que el gobierno argentino ha suspendido ilegalmente
los derechos constitucionales de los ciudadanos de forma totalmente irracional
para crear un Estado Policial que combate a un virus con una tasa de
mortalidad real muy similar a la gripe, pero que al momento de combatir los
verdaderos flagelos que atormentan a la población -como el narcotráfico y la
delincuencia- el sistema policial no sólo no funciona sino que incluso es
cómplice de los delincuentes, mientras los políticos corruptos se hacen cada
día más ricos y el pueblo se hace cada día más pobre;
Que el gobierno argentino finge y sobreactúa una
supuesta preocupación por la salud del pueblo, utilizando la excusa del
Coronavirus para instaurar un régimen inconstitucional, lo cual es demostrable
por la posición que se ha mantenido durante décadas en todos los asuntos que
atentan gravemente contra la salud, como es el caso del tabaquismo que produce la
muerte de más de 120 ciudadanos argentinos por día, lo cual es un número
superior a la cantidad actual de muertes por Coronavirus en el país, y sin
embargo el gobierno argentino nunca ratificó el Convenio de la OMS para el control del Tabaco ni tampoco promovió
medidas eficaces contra este mal global;
Que el régimen ilegal de Argentina liderado por
Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha detenido o sancionado a millones de
civiles inocentes, mientras que al mismo tiempo de forma totalmente irracional
ha liberado a genocidas e incluso a miles de presos sin tobilleras electrónicas
bajo la excusa de que en prisión pueden contagiarse de Coronavirus;
Que la policía argentina ha detenido ilegalmente a
civiles indefensos, incluso mujeres y niños, a los que luego ha asesinado y
encubierto el homicidio impunemente, como es el caso de Florencia Morales quien
fue detenida por circular en bicicleta y pocas horas después apareció ahorcada
en la celda de una comisaría de la región de San Luis, haciéndose creer que se
había suicidado con los cordones de sus zapatillas, y además tan sólo unos días
después en la misma región de Argentina se detuvo a un niño y unas horas
después en la comisaria apareció ahorcado con su propia remera;
Que la policía argentina ha detenido ilegal y violentamente
a civiles inocentes por el sólo hecho de caminar por la calle, como fue el caso
de Laura Turzanski, quien a pesar de citar artículos constitucionales que le
permitían caminar libremente y alegar que una orden presidencial no se
encuentra por encima de la Constitución
Nacional Argentina, sin embargo fue detenida violentamente y además la
policía le manifestó que no hay
Constitución porque “estamos en una
pandemia”;
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina brinda a todos sus ciudadanos
derechos al trabajo, al comercio, a entrar al territorio, al tránsito, a la
asociación, al culto y al aprendizaje, todos los cuales han sido violados por
el gobierno de facto de Alberto
Fernández;
Que el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina manifiesta que ningún ciudadano
argentino puede ser penado sin juicio previo ni arrestado sin orden escrita por
autoridad competente, siendo inviolables sus derechos constitucionales;
Que el Comité
Internacional de Ética Budista coincide con Javier Cremades, Presidente de
la World Jurist Association, quien
ha manifestado que la cuarentena implica una pérdida de la libertad sagrada del ser humano, siendo casi un arresto domiciliario sin la
determinación de un juez, por lo que la
pandemia de Coronavirus no puede ser una coartada para que el Poder gubernamental
prevalezca sobre los derechos de los ciudadanos, ya que la protección de la salud debe realizarse con medidas conformes a la
Constitución y nunca violándola, pues la
acción pública siempre debe respetar la dignidad de las personas;
Que las cuarentenas son mecanismos
inconstitucionales e ineficientes para proteger la salud de las personas, pues
generan crisis económicas y la pérdida de millones de puestos de trabajo, con
lo cual millones de personas entran en la pobreza y miseria, teniendo peor
alimento y peor salud integral, como es el aumento de muertes por enfermedades
cardiovasculares, por desnutrición y por homicidios, por lo que es un acto de
ignorancia o irracionalidad absoluta que el Presidente Fernández manifieste que
prioriza la salud por sobre la economía, cuando en realidad ambos elementos son
interdependientes;
Que la realización de una cuarentena para toda la
población -en un país que ya posee un 40% de pobreza- constituye prácticamente
un desastre económico y una especie de condena de muerte, por lo que muchos
especialistas han afirmado que sería mucho más sensato que únicamente se corten
los espectáculos de entretenimiento masivo y que los adultos mayores de 65 años
estén en sus domicilios en tanto que constituyen el 93% de los muertos por
Coronavirus, lo cual posibilitaría que gran parte de la población pueda
regresar al trabajo y a la educación ya que sus vidas no corren peligro, además
de que esto no haría que se desborde el sistema sanitario;
Que la realización de una cuarentena únicamente
para la población mayor de 65 años no debería ser obligatoria sino una cuarentena optativa, en la que el Estado
brindaría recursos y protección a aquellos que deseen recluirse en sus casas, pues
de lo contrario se crearía un sistema discriminativo y segregativo que es
inconstitucional, además de que una gran cantidad de ancianos preferiría
arriesgarse a infectarse y morir antes que vivir de forma inhumana y sedentaria
en prisión domiciliaria;
Que los gobiernos del mundo están aprovechando la
crisis del Coronavirus para instaurar un régimen autoritario de vigilancia
ilegal que vulnera el derecho a la privacidad, comenzando a destruir los
principios republicanos y el respeto por los derechos fundamentales y las
libertades individuales, pues quien tiene que decidir cómo vivir frente a la
pandemia son las personas y no los políticos;
Que el régimen político argentino está volviendo a
lo peor del pasado, que fue precisamente cuando las dictaduras militares
suspendieron los derechos constitucionales e instauraron un Estado
Policial Autoritario de crímenes de lesa humanidad;
Por
ello, se DECRETA:
ARTÍCULO
1°.- Apruébese una nueva extensión de la Sentencia contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con el fin de rectificar su comportamiento y sancionarla éticamente para que
cumpla con sus funciones, declarándola Cómplice de Crímenes de lesa humanidad y
Altos Crímenes contra las Libertades fundamentales intrínsecas.
ARTÍCULO
2°.- Repruébese a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por no investigar ni promover el juicio
contra las violaciones a los derechos humanos que implica el sistema de Cuarentena,
especialmente el Caso Argentino y sus
detenciones
arbitrarias sistemáticas y generalizadas que violan la Constitución Nacional Argentina y la Convención Americana de Derechos Humanos.
ARTÍCULO
3°.- Ordénese al Estado del Vaticano y al Papa Francisco I dejar
de acusar imaginariamente de “genocidio
virósico” a aquellos países que no promueven cuarentenas, lo cual es una
posición que no hace más que contribuir a la verdadera pandemia del miedo y la
ignorancia, presionando a los gobiernos para que tomen medidas
inconstitucionales como las que ocurrió en Argentina.
ARTÍCULO
4º.- Invítese a la Corte Penal Internacional (ICC) a investigar
y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos impunemente por el
gobierno argentino de los presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y
Alberto Fernández.
ARTÍCULO
5°.- Confírmese que aquellos países latinoamericanos que han apoyado las
cuarentenas criminales no han hecho más que repetir el sistema de gobierno
autoritario y antidemocrático de China que históricamente ha violado los
derechos humanos de toda su población.
ARTÍCULO
6°.- Comuníquese apoyo ético y solidario a los ciudadanos de todo el mundo que
buscan liberarse de las cuarentenas ilegales y dictatoriales, incitando a que
levanten la bandera de la Libertad, Igualdad y Fraternidad para incumplir las
leyes inconstitucionales, excesivas, injustas e indignas que violan sus
derechos humanos y libertades intrínsecas, lo cual significa la realización de
un llamado pacífico y democrático a la Desobediencia Civil Planetaria.
ARTÍCULO
7°.- Recuérdese que la Libertad no sólo es un derecho constitucional sino que
también es la naturaleza dhármica o
espiritual del ser humano, siendo su Propósito existencial que nunca puede
ser abolido ni suspendido por ningún gobierno.
Siempre
con espíritu de reconciliación (maitri),
S.E.
Maestro Maitreya Samyaksambuddha
Presidente
y Juez del Comité Internacional de Ética Budista
