CASO 42-2018: Supreme Court of Pakistan
SENTENCIA ÉTICA
Estimados Fiscal, Defensor
Público, Embajador, Secretario y Miembros del Jurado del Comité Internacional de Ética Budista (CIEB) y Tribunal Budista de Derechos Humanos (TBDH), respecto del Caso 42-2018
contra “Supreme Court of Pakistan”, por medio de la presente, en el día 25 de Abril de
2018, se deja constancia de que se ha concluido el juicio para analizar la
violación a los Derechos Humanos y a la Ética Budista realizada por el acusado.
Este Caso ha sido llevado a cabo como consecuencia del “Caso
ISIS”.
Luego del análisis de la presentación del Caso y la
validación de pruebas, se ha procedido con la votación de 10 miembros del
Jurado, confirmándose que existió 1 voto de “Insania”, y 9 votos de Responsable para “Supreme
Court of Pakistan” por
los graves delitos de Genocidio, Limpieza
Étnica, Crímenes contra la Humanidad, Crímenes contra la Paz, Crímenes contra
la Mujer, Violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Falso
Derecho Islámico.
El Tribunal
Budista de Derechos Humanos ha podido comprobar que la “Supreme
Court of Pakistan”
ha mantenido y no ha sancionado al régimen pakistaní violatorio de los derechos
humanos, el cual ha realizado un plan sistemático y generalizado de Deportaciones
Forzosas
contra el Pueblo Afgano, Violación
a la Libertad de Expresión y
Detenciones Arbitrarias
de musulmanes críticos, Violación a la Libertad de
pensamiento y religión de cristianos, Violación al Derecho Humano a la
Vida y Violación al Derecho Islámico por medio del uso ilegal de la
pena de muerte, Violación al Derecho Constitucional por incumplir tratados
internacionales, Ataques contra defensores de derechos humanos, Desapariciones
Forzosas además de Torturas y Ejecuciones
Extrajudiciales contra Balochistan, Violación a los Derechos de la
mujer por haber abusado sexualmente a cientos de miles de mujeres, y
finalmente Crímenes de Guerra y Exterminio contra Bangladesh.
Debido a que en Pakistán
milenariamente reinó el antiguo sistema de Civilización Budista, es
importante que el Budismo no mantenga silencio frente a estos Crímenes
internacionales y Violación al Derecho Budista
realizados por el gobierno contemporáneo de Pakistán. Aunque la Comunidad
Maitriyana sigue la senda del diálogo interreligioso e interespiritual,
simultáneamente tiene un compromiso indestructible para luchar frente a la
injusticia, especialmente cuando los crímenes son realizados en nombre de una
religión, motivo por el que se sentencia a Pakistán
por traicionar los valores y principios éticos de la Espiritualidad
Islámica. Mientras que la “Supreme Court of
Pakistan”
mantenga y no sancione al régimen sistemático y generalizado de violaciones a
los derechos humanos que van en contra de la civilización de paz, será Responsable de violaciones al Derecho
Internacional, violando especialmente tratados firmados por Pakistán como el International
Covenant on Civil and Political Rights; el Convention
against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment;
el Convention on the Rights of the Child, el Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, y el International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
En este sentido, incluso aunque Pakistán haya realizado reservaciones
sobre algunos artículos del International Covenant on Civil and Political Rights con la finalidad de mantener discriminaciones
contra la mujer y contra minorías religiosas, según el U.N. Human Rights Committee dichas reservaciones sobre ciertos
artículos serían inválidas cuando afectan la integridad, objetivos y propósitos
de la Convención,[1]
lo cual significa que Pakistán está
obligado internacionalmente a cumplirla. Incluso, como el Vienna Convention
on the Law of the Treaties prohíbe que las reservaciones sean incompatibles
con los objetivos de los tratados, entonces toda reservación que tenga Pakistán para cumplir con las
obligaciones legales vinculantes del International Covenant on Civil and
Political Rights serían genuinas siempre y cuando no sean funcionales a la
violación de derechos civiles y políticos o cuando no violen a las normas del
Derecho Internacional Consuetudinario, lo cual significa que Pakistán no puede realizar reservas
sobre el cumplimiento de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento
y religión. Al mismo tiempo, el U.N.
Human Rights Committee ha establecido que es inadmisible y legalmente
prohibida la subordinación de los derechos civiles y políticos con respecto
al Derecho Estatal o doméstico.[2]
El Tribunal
Budista de Derechos Humanos confirma que los sectores 298B y 298 C del Pakistan Penal Code, usados contra la
Comunidad Ahmadiyya, violan al artículo 20 de la Constitución de Pakistán donde se establece que todo ciudadano
tiene el derecho a profesar, practicar y propagar su religión. De hecho, al
haber rechazado las apelaciones de la Comunidad Ahmadiyya en el Caso de Zaheeruddin
v State (1993), con excepción del Juez Shafiur Rahman, la “Supreme
Court of Pakistan” ha demostrado su total complicidad con el régimen ilegal
que viola tanto a la Constitución de
Pakistán como a los tratados internacionales de derechos humanos firmados
por el país. No obstante, antes del actual deterioro del sistema judicial
pakistaní, la “Supreme Court of
Pakistan” funcionaba más adecuadamente, como cuando en el Caso de Jibendra
Kishore Acharyya Chowdhury v East Pakistan (1957) afirmó que los derechos
fundamentales garantizados por la Constitución
de Pakistán no pueden ser anulados por medio de la ley, porque sino
habría un fraude contra los ciudadanos.
El Tribunal
Budista de Derechos Humanos confirma que los casos de pena de muerte
realizados por la justicia de Pakistán contra
blasfemos no sólo violan al Derecho Internacional por su naturaleza
discriminatoria, sino también porque muchas veces son procedimientos indebidos
sin derecho a la defensa y sin derecho a un juicio rápido, ya que las víctimas
suelen estar apresadas ilegalmente durante más de una década y sin acceso a
representación legal. En el Caso de “Smartt v Guyana” el U.N. Human Rights Committee estableció
que dejar sin defensa al acusado en casos de pena de muerte convertía a la
totalidad de los procedimientos judiciales en una violación al International
Covenant on Civil and Political Rights. En los Casos de “Munoz Hermoza v
Perú” y “Lumanog and Santos v Philippines”, el U.N. Human Rights Committee estableció que una audiencia justa
implica que no exista retraso indebido. Otra violación al derecho a audiencia
justa que se produce en las cortes de Pakistán
es que en los casos de blasfemos condenados a pena de muerte existen multitudes
de personas fuera de las cortes, presionando y amenazando a los jueces para que
no liberen a los acusados, por lo que este clima hostil viola al derecho a
audiencia justa, tal y como lo estableció el U.N. Human Rights Committee en el Caso de Gridin v Russian
Federation.
El Tribunal
Budista de Derechos Humanos confirma que el sistema jurídico de Pakistán recurre de forma sistemática y
generalizada a los procedimientos ilegales de las detenciones arbitrarias y las
torturas. Con respecto a las detenciones arbitrarias bajo falso pretexto, el U.N. Human Rights Committee ha
establecido que este tipo de procedimientos violan al International Covenant
on Civil and Political Rights, tal y como se ha establecido en el Caso de “Mulezi
v Democratic Republic of the Congo”. También, acerca de los múltiples casos
de muertes producidas por torturas bajo las fuerzas de la ley, que suelen
quedar impunes y sin ser investigadas, el U.N.
Human Rights Committee ha establecido en el Caso de “Sathasivam and
Saraswathi v Sri Lanka” que este tipo de prácticas violan al International
Covenant on Civil and Political Rights. Incluso cuando los asesinatos son
producidos por civiles, como es el caso de grupos radicales que quemaron vivos
a varios cristianos y prendieron fuego a sus iglesias, el sistema judicial de Pakistán no suele investigar y condenar
a los responsables, a pesar de que fallar en proveer remedio judicial a las
víctimas constituye una violación al International Covenant on Civil and
Political Rights, tal y como lo estableció el U.N. Human Rights Committee en el Caso de “Sankara and Ors v
Burkina Faso”.
El Derecho Budista considera que las cortes y
tribunales de todo el mundo siempre deben dar voz a las víctimas y a los
indefensos en lugar de ser meras técnicas de mantención de la impunidad y del
status quo de los ricos y poderosos. Por ello, cuando las cortes y tribunales
oficiales no cumplen con su función judicial, entonces las comunidades tienen
el derecho y el deber de asumir procesos alternativos de resolución de
conflictos, siempre siendo fiel a los principios socialistas de la paz,
justicia, derechos humanos y armonía ecológica. Este activismo jurídico del
Maitriyana continúa la senda de desobediencia civil jurídica de Gandhi y
Ambedkar, propiciando el cambio y la liberación social frente a la opresión,
especialmente cuando el Estado monopoliza la administración de la justicia de
forma sesgada, discriminando a los más débiles y violando las libertades
fundamentales establecidas en los tratados internacionales. Obviamente, el
Derecho Budista no está a favor de la justicia alternativa de las jirgas y panchayat de Pakistán que violan los derechos humanos por medio de
castigos violentos o antijurídicos, especialmente violando los derechos de las niñas
y de las mujeres al convertirlas en una propiedad tras haber mezclado el Islam
con prácticas feudales criminales y contrarias a la moral islámica, pues suelen
proveer justicia pseudo-restaurativa por medio del comercio de mujeres, la
tortura y el asesinato. Sin embargo, el Maitriyana no deja de reconocer el
valor inmenso que tienen las cortes populares y los métodos de resolución
alternativa de los conflictos cuando efectivamente respetan los derechos
humanos, practicando un pluralismo jurídico que desmonopoliza la administración
de la justicia cuando el Estado es ineficaz, incompetente y criminal. De hecho,
la misma ONU reconoce el valor de
los sistemas de justicia informal o no-Estatal, considerando que son prácticas
propias de comunidades indígenas que no deben ser discriminadas y que pueden
aportar mucho a la administración de la justicia por medio de prácticas consuetudinarias.
En definitiva, Pakistán sólo podrá
convertirse en un Estado civilizado por medio de la Justicia Recta y Adecuada que practica el Maitriyana, por lo que la
Supreme Court of Pakistán deberá
aprender el arte de la justicia restaurativa para poder sanar y armonizar la
sociedad, lo cual no es una idea occidental sino que apunta al corazón mismo
del Derecho Consuetudinario Islámico y su visión de los ideales del respeto, la
dignidad, la reparación, el arrepentimiento, el perdón, la rehabilitación, la purificación,
la misericordia, la reconciliación, la responsabilidad y la libertad.
En conclusión, el Tribunal Budista de Derechos Humanos
tiene el Propósito (Dharma) de proteger a toda la humanidad por medio de la
contemplación activa, la sabiduría compasiva y la ética humanitaria, sentenciando
especialmente a los gobiernos que cometen genocidios y crímenes contra la mujer,
como es el caso de Pakistán. Por lo
tanto, se establece que “Supreme Court of
Pakistan” ha
violado al Derecho Internacional y también al Derecho Islámico por medio de
actividades genocidas que producen un esquema sistemático y generalizado de
violaciones a los derechos de seres humanos protegidos por tratados
internacionales. Indudablemente, Pakistán
debería despojarse de todo rasgo genocida y criminal, especialmente
abandonando cualquier tipo de malversación de la religión islámica realizada
por grupos guerrilleros y terroristas como el ISIS, debiéndose recuperar el predominio de la Espiritualidad
Islámica y su pasión por el contacto con lo divino. Por ello, la sentencia
ética contra “Supreme Court of
Pakistan” constituye una gran enseñanza
para que este Gran país se convierta nuevamente en un gobierno recto que no
hace el mal, hace el bien y purifica espiritualmente, tal y como fue Pakistán
durante el reinado de la Antigua Civilización Budista.
Siguiendo al Maestro Gautama,
quien desarrolló un movimiento de paz y defensa de la mujer, el Tribunal Budista de Derechos Humanos supervisa que
los gobiernos no atenten contra la ética y los derechos humanos, nunca
traicionando el valor de la vida humana, por lo que se ha sentenciado a la “Supreme Court of Pakistan” como Responsable de Genocidio, Limpieza
Étnica, Crímenes contra la Humanidad, Crímenes contra la Paz, Crímenes contra
la Mujer, Violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Falso
Derecho Islámico.
Con espíritu de
reconciliación (maitri),
Maestro Maitreya
Samyaksambuddha
Presidente y Juez Espiritual
del Tribunal Budista de Derechos Humanos
[1] Human Rights Committee, General Comment No
24:Issues relating to Reservations made upon Ratification or Accession to the
Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to Declarations
under article 41 of the Covenant, 52nd sess, un doc CCpr/C/21/rev.1/add.6 (4 november
1994).
[2] Human Rights Committee, General Comment No
24:Issues relating to Reservations made upon Ratification or Accession to the
Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to Declarations under
article 41 of the Covenant, 52nd sess, un doc CCpr/C/21/rev.1/add.6 (4 november
1994).
