Caso 24-2017:
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela
DICTAMEN SOBRE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO
4 de Mayo
de 2017
A raíz de la continua opresión que sufre el Pueblo Venezolano
por parte del Presidente de facto
Nicolás Maduro, el cual sigue realizando violaciones
a la Constitución y a los Tratados Internacionales firmados por Venezuela,
a continuación se determinará si los hechos expuestos constituyen un acto de
perpetuación y profundización de los delitos llevados a cabo por el Tribunal
Supremo de Venezuela (TSJ) que ya han sido previamente sentenciados por
el Tribunal Budista de Derechos Humanos.
I.
Descripción del Caso
En el 2004 la
organización Human Rights Watch
advirtió que el gobierno venezolano estaba creando una ley que le iba a poder
permitir controlar y manipular al Tribunal Supremo de Venezuela, lo
cual implicaba romper la independencia del poder judicial, quebrantando la división
de poderes que es fundamental en un Estado Democrático Constitucional de
Derecho. Además, durante el caso realizado por el Tribunal Budista contra el Tribunal
Supremo de Venezuela (TSJ) hubo declaraciones públicas del Presidente
Maduro en las cuales confirmaba que él estuvo detrás de las medidas ilegales
tomadas por dicho Tribunal Supremo que violaban al Estado Constitucional de
Derecho y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues expresó que rápidamente
iba a cancelar dichas medidas para evitar conflictos entre la Fiscal General y
el Tribunal Supremo. Pocos días después de la cancelación de las medidas
tomadas por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que habían sido
literalmente un “Golpe de Estado”,
el gobierno de Maduro y su grupos paramilitares comenzaron una nueva represión
violenta y asesina contra manifestantes pacíficos, generando varias decenas de
muertos con total impunidad. Organismos internacionales como la OEA denunciaron
esta represión asesina y también el “Golpe de Estado”, motivo por el cual el
Presidente de facto Maduro anunció el
retiro de Venezuela como miembro de la OEA. Al mismo tiempo, tras no recibir
crítica alguna por parte del Vaticano frente a estos hechos ilegales, en el 1
de Mayo de 2017 el Presidente Maduro anunció que iba a crear una nueva Constitución pero no convocando al
Parlamento sino a grupos civiles aliados a su gobierno, lo cual constituye no
sólo una nueva violación a la Constitución creada por Hugo Chávez sino también
una nueva profundización del “Golpe de
Estado”. De hecho, el politólogo Nicmer Evans, miembro del partido político
gobernante, ha confirmado que el Presidente Maduro está realizando una traición clara a Chávez y al pueblo,
pues suspende todo el Estado de Derecho
e inicia un periodo dictatorial, siendo
un golpe contra la Constitución promovida
por Chávez. Con respecto a la profundización de los crímenes anteriormente
iniciados por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), el Tribunal Budista de Derechos Humanos procede a emitir el siguiente
dictamen ético legal sobre la Responsabilidad del Presidente Maduro.
II.
Advertencia Preliminar
El Comité Internacional de Ética Budista & Tribunal Budista de
Derechos Humanos evalúa violaciones a la ética y a los derechos humanos,
por lo que su marco jurídico es el Derecho Tribal Budista y el Derecho
Internacional. Estos procedimientos son milenarios e intrínsecos al sistema de
autogobierno de la comuna espiritual (sangha), aunque poseen la innovación de
la jurisdicción universal que permite analizar violaciones de otras comunidades
y países.
Los casos legales
llevados a cabo finalizan con una Sentencia. Sin embargo, cuando se produce un
agravamiento de las condiciones sentenciadas, la Sentencia adquiere una
inmediata legitimidad ética para emitir actas, notificaciones, resoluciones,
comunicados y dictámenes que denuncian tales agravamientos.
III.
Violaciones a la Constitución
y a los Derechos Humanos
Con el objetivo de
analizar en el presente caso la existencia de un acto de “Golpe de Estado” por parte del Presidente Nicolás Maduro de
Venezuela, es fundamental ofrecer los antecedentes de violaciones a los
derechos humanos realizados por el acusado. Si bien el Presidente Maduro ha sido
elegido por medio del voto, lo cierto es que ejerce una Presidencia de facto en Venezuela por violar los
principios de la democracia y del orden republicano, manteniendo un esquema
sistemático y generalizado de violación de los derechos humanos. Su ambicion
por mantener la hegemonía absoluta del Poder político, algo muy común en los
regímenes dictatoriales, lo ha llevado a violar el derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, amenazando, hostigando y realizando agresiones contra
periodistas y medios de comunicación, además de censurar y restringir el
derecho a la libertad de información que posee el pueblo venezolano. En este
sentido, organizaciones internacionales prestigiosas, entre las cuales se
encuentran Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que
el gobierno de Maduro ha intimidado y hostigado a los defensores de derechos
humanos que trabajan en Venezuela. Este comportamiento ilegal no sólo viola los
tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por Venezuela, sino que
también viola la misma Constitución venezolana y traiciona los principios
libertarios de la revolución socialista. El Presidente Maduro ha criminalizado tanto
a la protesta de la sociedad civil como
también al accionar de partidos políticos opositores, utilizando el poder
judicial para la intimidación y persecución de críticos políticos, incluyendo
el acto ilegal de tener prisioneros de consciencia, juicios fraudulentos y
violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas
acompañadas de torturas y tratos inhumanos, además de haber perpetrado
ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad que privan ilegalmente del
derecho a la vida, motivo por el que el Tribunal
Budista de Derechos Humanos coincide con el Secretario Almagro de la OEA en
que estas prácticas son propias del inicio de un Estado opresor y la terminación del Estado Constitucional
Democrático de Derecho. Al privar al pueblo de acceder a la justicia, la Verdad
y la reparación, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos,
como los múltiples casos de torturas y asesinatos contra manifestantes
políticos que han quedado impunes, el Sr Maduro ha quebrantado el contrato
social democrático del país. El modo en el que el Presidente Maduro despoja al
pueblo de los derechos democráticos, al negarse a convocar elecciones o aceptar
referéndums por voto popular, muestra que no encarna la función legítima de su
cargo sino que el Sr Maduro se comporta como un Presidente de facto, lo que implica que todo su gobierno no es más
que una Dictadura cívico militar que
concentra el poder político y jurídico en una fuerza no-democrática. Aunque el
Presidente Maduro y la Fiscal General de Venezuela han afirmado que las
violaciones a los derechos humanos son casos aislados, las evidencias
demuestran un patrón amplio y extendido de abusos, pues fueron una práctica
sistemática de las fuerzas de seguridad y con complicidad de fiscales y jueces
del país. Este ambiente de impunidad es acompañado también por un ambiente de
corrupción y narcotráfico, pues como se ha evidencia en un juicio contra los
sobrinos del Presidente Maduro, el gobierno venezolano y sus fuerzas militares
controlan todo el narcotráfico en Venezuela, siendo gracias a la complicidad y
corrupción del gobierno venezolano que por este país transita casi la mitad de
la droga de todo el mundo. En lugar de estar dedicados a una revolución
socialista que lleve libertad, igualdad y fraternidad a todo el pueblo, el
gobierno cívico-militar del Presidente Maduro está dedicado al crimen
organizado y abusos a los derechos humanos.
IV.
Crímenes de Lesa Humanidad
Tras haber sentenciado
violaciones a la Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,
bajo el liderazgo del Presidente Maduro, es un deber ético ineludible por parte
del Tribunal Budista de Derechos Humanos
establecer si dentro de dichas violaciones acaso se cometieron “Crímenes contra la humanidad”. A tal
fin se consideran como válidas y legítimas múltiples denuncias que se han
presentado ante la Corte Penal
Internacional (ICC) contra el Presidente Maduro en los años 2014, 2015 y
2016. Precisamente, en el año 2014, unos doscientos legisladores de ocho países
de Latinoamérica denunciaron internacionalmente al Presidente Maduro por “Crímenes de lesa humanidad”,
solicitando investigar su represión
masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados,
que ha incluido decenas de muertos y torturados.
En noviembre de 2015, Carlos
Vecchio y Juan Carlos Gutierrez, representando a un grupo de familiares de
víctimas, realizaron una denuncia ante la Corte
Penal Internacional (ICC) por “Crímenes
contra la humanidad” realizados por el Presidente Maduro hacia la población
civil, incluyendo pruebas de violencia sistemática y generalizada como
asesinatos, tortura y persecución por motivos políticos. Esta segunda denuncia
demuestra que según el artículo 7 del Estatuto de Roma el Presidente
Maduro estaría cometiendo “Crímenes
contra la humanidad” por realizar ataques generalizados o sistemáticos
contra la población civil como asesinatos
extrajudiciales (ejemplos Génesis Carmona, Guillermo Sánchez y Kluiverth
Roa), privaciones ilegítimas de la
libertad (ejemplos Christian Holdack, Luis Augusto Matheus Chirinos, Marcelo
Crovato y Rosmit Mantilla), torturas
(ejemplo Gloria Tobón), persecuciones a
grupos por motivos políticos (ejemplos Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel
Ceballos y Enzo Scarano) y otros actos
inhumanos (ejemplo Juan Manuel Carrasco). El Tribunal Budista de Derechos Humanos ha constatado que en 2014 el
Presidente Maduro adoptó un sistema estatal de ataque contra la población civil
políticamente disidente, restringiendo y castigando a manifestantes políticos
opositores por medio de violaciones a los derechos humanos que incluyen la
comisión de “Crímenes de lesa humanidad”
perpetrados de forma generalizada y sistemática por fuerzas de seguridad
estatales y grupos paramilitares bajo el control de facto del Sr Maduro. En un
corto período de tiempo, en 2014 se realizaron más de 33 asesinatos contra
civiles, el encarcelamiento a más de 3300 manifestantes, la tortura a más de
400 manifestantes, y el trato inhumano a más de 800 personas, siendo un suceso
que debido a la impunidad sostenida por el Vaticano y las cortes
internacionales ha vuelto a ocurrir durante Abril de 2017 con la misma
intensidad represiva por parte del gobierno dictatorial de Maduro.
También en el año 2015,
el Procurador General de Colombia, el Sr Alejandro Ordóñez, presentó ante la Corte Penal Internacional (ICC) un
informe de “Crímenes de lesa humanidad”
cometidos por el Presidente Maduro contra ciudadanos colombianos, incluyendo
delitos de desplazamiento forzoso de 15000 personas, desapariciones forzadas y
torturas contra ciudadanos colombianos que vivían en la frontera dentro del
territorio venezolano, en un claro ataque de carácter sistemático y
generalizado.
En el año 2016, la
activista social Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, ha
presentado una nueva denuncia ante la Corte
Penal Internacional (ICC) contra el Presidente Maduro por “Crímenes contra la humanidad”,
denunciando torturas contra presos políticos junto con hostigamiento y persecución
a partidos políticos. El Presidente Maduro ha liderado un plan de
amedrentamiento, confrontación y castigo contra disidentes políticos, amenazando
a la población civil de modo sistemático a través de la represión violenta y la
persecución judicial, por lo que el Presidente de facto Maduro castiga a la
oposición política con un sistema de opresión donde de forma cómplice acatan
sus órdenes las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares, los fiscales,
los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, todos juntos
confabulados en una dictadura cívico-militar que brinda impunidad a delitos
generalizados de violencia brutal, indiscriminada y desproporcionada que afecta
a todas las clases sociales del país, pues las víctimas son políticos,
estudiantes, abogados, activistas sociales, empresarios y ciudadanos
ordinarios.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos manda un mensaje de
solidaridad a todo el pueblo de Venezuela, comprometiéndose a que su
sufrimiento no sea ignorado y no quede impune en el olvido. Por ello, más allá
de los castigos, es indispensable que la Verdad sea denunciada y quede
claramente establecida. Se confirma que las víctimas del Presidente Maduro son
reconocidas aquí y ahora por medio del Tribunal
Budista de Derechos Humanos, el cual dictamina que el Dictador Maduro ha
cometido de forma general “Violaciones
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y que de forma
específica ha cometido “Crímenes de lesa
humanidad”. Como las cortes internacionales parecen estar desapareciendo
lentamente en el marco de una comunidad internacional de Estados cada vez más populistas
y autoritarios, adquiere un valor muy importante la labor del Tribunal Budista de Derechos Humanos
para que los crímenes internacionales no queden impunes. Aunque el Tribunal Budista de Derechos Humanos no
tiene ningún tipo de poder policial para sancionar o detener por medio de la
fuerza a los delitos liderados por el Presidente Maduro, ciertamente el
Tribunal Budista tiene un supremo poder ético y espiritual para dictaminar su
Responsabilidad en el “Golpe de Estado”
y en los “Crímenes contra la humanidad”.
En las semanas previas a la última elección que perdió el gobierno, el
Presidente Maduro había advertido que si perdían dichas elecciones legislativas
entonces Venezuela entraría en una de las
etapas más turbias y conmovedoras de su vida política porque su revolución
pasaría a ser cívico-militar. La
historia ha demostrado que él cumplió con su promesa.
V.
Conclusión
Tras describir el caso
junto con los antecedentes de violaciones a los derechos humanos realizados por
el acusado, el Tribunal Budista de
Derechos Humanos se encuentra en condiciones de dictaminar la
Responsabilidad de Nicolás Maduro en el “Golpe
de Estado” en Venezuela, así como en la comisión de “Crímenes contra la humanidad”. El pueblo de Venezuela está
sufriendo una violación a su orden constitucional por parte de un régimen que
ha violado los principios fundamentales de los derechos humanos. La violación a
los derechos humanos es el gran problema de Venezuela. El régimen dictatorial
de Maduro es el fin de la democracia en ese país, terminando con la
Constitución y dando inicio a un nuevo orden fraudulento legitimizado
únicamente por su partido político. El régimen dictatorial de Maduro ya ha violado
la independencia judicial, adueñándose del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
para sostener sus conductas de detenciones arbitrarias, prisioneros políticos,
anulación del Parlamento, quebrantamiento de los derechos sociales al alimento
y salud, anulación de los derechos democráticos a convocar a elecciones
regionales y referéndum revocatorio, represión violenta a manifestantes
pacíficos y asesinatos impunes por parte de fuerzas de seguridad y grupos
paramilitares. Este sistema de corrupción e impunidad ha consolidado a la
Presidencia de Maduro como un régimen autoritario y dictatorial que incumple
con las pautas previstas en la Constitución de Venezuela, convocando a la
creación de una nueva Constitución pero sin recurrir al Parlamento ni tampoco
al sufragio universal del Pueblo que es la base de la soberanía nacional. El Presidente de facto de Venezuela está
convirtiendo un sistema de república en una dictadura que ignora al poder
constituyente del pueblo venezolano, pues sin la aprobación directa de los
electores -o la aprobación indirecta por medio de sus representantes- todo
proceso de nueva Constitución sería inválido, ilegal, inconstitucional y
fraudulento. El pueblo está conformado integralmente por todos los ciudadanos,
y no sólo por el sector de aquellos que siguen al partido gobernante. Cuando un
gobierno únicamente provee derechos a sus seguidores, este sistema de populismo
se convierte en una herramienta perversa de opresión política, económica,
cultural y ambiental. La profundización del “Golpe de Estado” llevado a cabo por el Presidente Maduro, por
medio de la creación ilegal de una nueva Constitución, viola los principios
fundamentales de la libertad, igualdad y fraternidad, siendo convocada sobre el
fundamento de la discriminación política y la forma antidemocrática, usurpando
el poder originario constituyente del pueblo venezolano. La presidencia de
Maduro viola los principios elementales reconocidos en las normas de los
derechos humanos a nivel internacional, y también en el sistema democrático de
la propia Constitución nacional de Venezuela, realizando contundentemente un “Golpe de Estado” promovido desde su
presidencia con el fin de usurpar y anular definitivamente el poder del pueblo,
simultáneamente intimidando a la comunidad nacional e internacional con la
violencia y los asesinatos. El Tribunal
Budista de Derechos Humanos se une y solidariza con el pueblo venezolano en
su búsqueda de la Independencia, Derechos Humanos y Democracia. Al defender la
libertad, igualdad y fraternidad de toda la humanidad, promoviendo el respeto
por la naturaleza dhármica o dignidad
intrínseca de todos los seres humanos, el Tribunal
Budista de Derechos Humanos ha encontrado suficientes evidencias para confirmar
un Dictamen legal contra Nicolás Maduro por
“Golpe de Estado” y “Crímenes de lesa humanidad”, siendo un
Dictamen que se produce como consecuencia de la profundización de la Sentencia
previa por “Violación al Estado
Constitucional Democrático de Derecho” y “Violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. En
concordancia con los tratados internacionales, el Tribunal Budista de Derechos Humanos tiene el deber absoluto de
hacer respetar el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la
justicia y el derecho a la salud, todos los cuales han sido violados extendida
y sistemáticamente por el Presidente de facto Nicolás Maduro.
Ergo, el Tribunal Budista de Derechos Humanos dictamina
que:
1. Se
declara como ilegal y “Golpe de Estado”
a la convocatoria a una nueva Constitución en Venezuela.
2. Se
afirma que el Presidente Maduro incumple con los derechos humanos del pueblo
venezolano al no brindar acceso pleno a la salud, el trabajo, la Justicia, la
democracia y la paz.
3. Se
requiere a todos los países limítrofes de Venezuela que reciban y no expulsen a
los miles de futuros refugiados venezolanos que huirán de los “Crímenes de lesa humanidad” realizados
por Maduro, incluso existiendo la posibilidad de que Venezuela sufra una guerra
civil.
4. Se
exige que Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte
Penal Internacional (ICC), comience a trabajar adecuadamente en el caso de
Venezuela y que prontamente lleve al Presidente Maduro ante la justicia
internacional por “Crímenes contra la
humanidad”, dejándose constancia que la indiferencia o el retardo
injustificado para dar justicia ante estos crímenes constituye un acto de
complicidad omisiva.
Siempre con espíritu de
reconciliación,
Maestro Maitreya
Samyaksambuddha
Presidente del Comité Internacional de Ética Budista y
Tribunal Budista de Derechos Humanos
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