PRONUNCIAMIENTO sobre Desprotección Judicial

PRONUNCIAMIENTO sobre Desprotección Judicial

4 de Marzo de 2017

En primer lugar, Mauricio Macri, el Presidente del actual gobierno argentino, durante la campaña electoral prometió apoyar y fortalecer al trabajo docente. Un año después de asumir el rol de Presidente no sólo no ha cumplido esa promesa, sino que ha decidido combatir a los gremios que defienden los derechos de todos los docentes de Argentina. El caso del gremialista docente llamado Baradel es muy particular, pues a pesar de tener custodia policial asignada -por las amenazas de muerte que recibe su familia-, en un discurso dirigido al país el Presidente Macri ha afirmado  que el Sr Baradel "no necesita que nadie lo cuide". De esta forma, la máxima autoridad del Estado Argentino se muestra contraria a la protección judicial básica que requiere un docente amenazado de muerte, violando el derecho a la justicia y a la paz que posee todo ser humano. La consecuencia principal de este discurso público es la evidencia explícita del trato del Estado Argentino hacia los docentes que reclaman un salario digno, pero también hay una evidencia explícita del desprecio y la desprotección judicial que reciben millones de ciudadanos ante un sistema jurídico basado en la Impunidad y en la protección de los poderosos. En otras decisiones del Tribunal Budista de Derechos Humanos sobre el Caso Argentina se ha demostrado que el gobierno Argentino ha desprotegido a los derechos esenciales del Templo Internacional World Association of Buddhism, dejando a sus directivos en estado de desprotección total frente a amenazas de muerte reiteradas y atentados violentos. Ahora bien, si el Estado Argentino considera que un docente amenazado de muerte no necesita nadie que lo cuide, uno podría preguntarse cómo va entonces el Estado a defender a maestros budistas o incluso a ciudadanos ordinarios. De este modo, queda en evidencia que los únicos que son protegidos judicialmente por el Estado Argentino son los individuos poderosos. Esta situación de Desprotección Judicial hacia la población y situación de Impunidad para una elite poderosa viola absolutamente los estándares del sistema universal de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que exigen que exista igualdad ante la ley.

En segundo lugar, el Tribunal Budista de Derechos Humanos continúa denunciando los cientos de casos de asesinatos de mujeres que ocurren año tras año, muchos de los cuales ocurren luego de denuncias ante el sistema judicial, lo cual demuestra que el Estado Argentino brinda desprotección judicial a la mujer.

En tercer lugar, el Tribunal Budista de Derechos Humanos se expide acerca de la detención de la parlamentaria Milagro Sala, la cual fue detenida arbitrariamente por una protesta ante un gobernador local de Argentina. Esta detención es arbitraria debido a que la protesta social nunca debe ser criminalizada, pues todo ciudadano tiene derecho a reclamar pacíficamente. Es de vital importancia la protección del derecho a la libertad de expresión. Milagro Sala ha sido mantenida en prisión a raíz de acusaciones graves, como amenazas de muerte, asociación ilícita y extorsión, todos delitos que han sido cometidos con el permiso y complicidad del antiguo gobierno de Argentina liderado por Cristina Kirchner, por lo que mientras se encuentre en libertad la ex-presidente Cristina Kirchner la detención de Milagro Sala será indudablemente arbitraria. Ahora bien, al entrar un nuevo gobernador local que estaba enfrentado a esta parlamentaria, automáticamente el Poder judicial decidió avanzar sobre denuncias de episodios que se habían mantenido impunemente durante el anterior gobierno, demostrando una vez más que la justicia protege únicamente a los que están dentro de las más altas esferas del Poder. Es vergonzoso que la justicia investigue amenazas de muerte únicamente cuando éstas son dirigidas a los gobernadores o presidentes, mientras que cuando las amenazas de muerte son dirigidas hacia maestros o ciudadanos humildes no se produce ningún tipo de protección judicial. Es función del Estado garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la paz y la justicia de todos los ciudadanos, incluso de los mismos criminales. Además, el arresto y la pena de prisión no son medidas que resuelvan los problemas, pudiéndose mantener efectos más poderosos por medio de grandes sanciones económicas hacia los acusados, junto con otras medidas de justicia restaurativa. Se debe purificar al sistema judicial para que deje de responder únicamente a las necesidades de los poderosos y comience entonces a proteger y cuidar a todos los ciudadanos, especialmente a los maestros, quienes tienen la función social de formar a las generaciones del presente y futuro. Las demoras y deficiencias del imperio de la Ley son una situación que requiere iniciar no un mero cambio de gobierno, sino más bien una transformación y democratización de todos los Poderes del Estado Argentino, el cual está viciado de corrupción sistémica.

En cuarto lugar, el Tribunal Budista de Derechos Humanos insiste nuevamente en denunciar que la policía y el sistema carcelario de Argentina cometen crímenes de lesa humanidad, pues de forma sistemática o generalizada existen casos de tortura, abuso y detenciones prolongadas arbitrarias. La corrupción de las fuerzas de seguridad obviamente está ligada a la ineficiencia judicial y a las prácticas corruptas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En quinto lugar, el Tribunal Budista de Derechos Humanos denuncia nuevamente al partido político argentino llamado “Peronismo” por otro crimen de lesa humanidad que quedó impune, pues además del genocidio contra un pueblo indígena ocurrido durante la primera presidencia de Perón, durante la segunda presidencia de Perón se creó un grupo paramilitar de ultraderecha llamado “Alianza Anticomunista Argentina (AAA)”, el cual fue responsable de cientos de asesinatos.

Todos estos cinco puntos demuestran que aquellos que no pertenecen o no están aliados al Poder de turno, como es el caso de los maestros, las mujeres, los opositores, los presos, los aborígenes y los revolucionarios, siempre están desprotegidos jurídicamente en Argentina, mientras que los poderosos que corrompen la integridad del país tienen impunidad. Este es el principal círculo vicioso (karma) de esta gran Nación.

Maestro Maitreya

Presidente del Tribunal Budista de Derechos Humanos