Resolución sobre Comunidad Mapuche

Caso n° 27/2017: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

RESOLUCIÓN sobre Comunidad Mapuche

El Tribunal Budista de Derechos Humanos,

Confirma que Santiago Maldonado, miembro del grupo mapuche RAM, falleció en el contexto de una represión violenta de organismos del Estado Argentino contra pueblos tribales que luchan por la recuperación de sus tierras originarias;

Confirma que la orden de reprimir violentamente a este grupo mapuche se originó desde las más altas esferas del Estado Argentino, como el Ministerio de Seguridad y la Presidencia de la Nación;

Confirma que el Estado Argentino está incumpliendo totalmente el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

Confirma que el Estado Argentino viola los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Tribales, negándoles el derecho a sus tierras, salud, justicia y educación, comenzando a excluir y perseguir cada vez más violentamente a estas comunidades oprimidas que en Argentina han sido histórica e impunemente sometidas a genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad;

Confirma que se concuerda con la socióloga Maristella Svampa en que el gobierno argentino no reconoce los derechos humanos de los pueblos aborígenes, haciendo un uso ilegal y desproporcionado de las fuerzas de seguridad;

Confirma que durante la ceremonia de entierro de Santiago Maldonado, por medio de un mensaje cuasi-mafioso, el Estado Argentino entró en territorio mapuche de la Comunidad Winkul Mapu con la orden de nuevamente atacar con violencia a los miembros de esta comunidad, produciendo varios heridos graves e incluso asesinando al joven Rafael Nahuel por la espalda, mientras la comunidad mapuche se encontraba realizando ceremonias vitales de iniciación espiritual que están protegidas por la Constitución Nacional Argentina;

Confirma que a raíz del análisis de las manifestaciones públicas realizadas por parte de la Ministra Patricia Bullrich y el Presidente Mauricio Macri, es evidente que el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel fue una ejecución extrajudicial ordenada por las más altas esferas del Estado Argentino en el marco de un operativo militar caracterizado por los testigos como una carnicería;

Confirma que se concuerda con Diego Morales, director del Área de litigio y defensa legal de la organización CELS, en repudiar la actitud del gobierno argentino de militarizar el sur del país, rico en recursos naturales, además de que se estaría construyendo una falsa imagen sobre la comunidad mapuche como un grupo armado terrorista;

Confirma que si bien la Argentina tiene prohibida la pena de muerte, los principales exponentes del gobierno argentino, como su ministra de seguridad, su vicepresidente y su presidente, han manifestado públicamente que el asesinato de Rafael Nahuel en territorio sagrado mapuche fue una acción legal y legítima totalmente enmarcada en la ley, incluso afirmando que no se tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad;

Confirma que increíblemente según el gobierno argentino su actuación represiva y homicida fue un buen accionar debido a que en las encuestas la mayoría de las personas consideraría que el gobierno actuó bien, ignorando que mirar encuestas constituye el modo más ilegal de administrar la justicia y la vida de la sociedad, desarrollando un populismo neofascista de derecha que es a los pueblos aborígenes y tribales lo que el gobierno estadounidense es a los inmigrantes y refugiados;

Confirma que el gobierno argentino está estigmatizando a la comunidad mapuche, llamándola “los violentos” e incluso denominándola como un grupo terrorista, lo cual se asemejaría a la política represiva del gobierno de Chile;

Confirma que se concuerda con el escritor Pedro Cayuqueo en que los gobiernos de Argentina y Chile son negligentes por fallar en resolver pacíficamente los conflictos que tienen con las comunidades mapuches, recurriendo a la vía violenta en lugar de utilizar la vía política o diplomática;

Confirma que se concuerda con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de la Iglesia Católica en convocar urgentemente al Estado Argentino para que cese su utilización irracional del sistema represivo contra comunidades aborígenes, lo cual constituye una violación de los derechos fundamentales de los pueblos tribales que han sido establecidos en las normas jurídicas de los instrumentos de derechos humanos a nivel local e internacional;

Confirma el apoyo al comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén donde no sólo se repudia el accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad argentinas que asesinaron a Rafael Nahuel, sino que también se considera a las declaraciones del gobierno argentino como un Discurso de Odio y violencia racial que no convoca a la convivencia y el respeto intercultural;

Confirma que en el contexto de la historia argentina el accionar homicida por parte del gobierno constituye una regresión a la violencia política y las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la última dictadura militar que asesinó a alrededor de 10 mil personas en el contexto de una supuesta lucha contra grupos terroristas;

Confirma que según el gobierno argentino las supuestas armas del grupo violento de la comunidad mapuche serían lanzas y armas de fuego que nunca se encontraron, demostrando que se está intentando demonizar a una minoría oprimida que carecería de todo tipo de armamento;

Confirma que si bien el gobierno argentino considera que la comunidad mapuche está incurriendo en violencia política, hasta el momento los únicos dos muertos del conflicto han sido miembros de la comunidad mapuche sufriendo represión armada del gobierno argentino;

Confirma que debido a la consideración gubernamental del asesinato de Rafael Nahuel como una acción legítima, este homicidio agravado sería además una ejecución extrajudicial que contaría con la autoría intelectual de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del Presidente Mauricio Macri;

Confirma que en Argentina usualmente los presidentes se sienten dueños del país y sienten que tienen impunidad para hacer lo que deseen, incluso aunque esto viole la ley nacional e internacional;

Confirma que a partir de la ejecución extrajudicial del Fiscal Nisman se ha cruzado un límite y el Estado Argentino ha vuelto a realizar asesinatos ilegales con total impunidad, lo cual es un hecho lamentable que se demuestra totalmente con el homicidio de Rafael Nahuel;

Confirma que luego de la ejecución extrajudicial de Rafael Nahuel, tras enterarse que el juez federal Gustavo Villanueva estaba realizando una negociación con la comunidad mapuche, el gobierno argentino impunemente declaró que no iba a aceptar ninguna orden ilegal o antijurídica emitida por el juez, quien buscaba que las fuerzas de seguridad ingresen al territorio mapuche sin armas de fuego;

Confirma que el homicidio de Rafael Nahuel no se trató de un mero caso de uso desproporcionado de la fuerza en la represión de protestas y desalojos de tierras, sino que más bien este homicidio forma parte un plan criminal sistemático del Estado Argentino para atacar la integridad y autodeterminación de los pueblos tribales, incluso garantizando impunidad a los miembros de fuerzas de seguridad para cometer ejecuciones extrajudiciales a las que el Presidente Mauricio Macri considera como un acto legal y legítimo, perpetuando por goteo el antiguo régimen argentino antidemocrático de genocidio y limpieza étnica contra las comunidades aborígenes;

Confirma que el gobierno argentino considera que las comunidades mapuches son grupos violentos que no reconocen la ley argentina, al Estado y la Constitución, cuando en realidad sería el mismo gobierno argentino el que no reconoce los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a su Constitución Nacional;

Confirma que se concuerda con la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural en que existe un despojo histórico de todos los pueblos tribales de Argentina, a los cuales se les ignora su preexistencia y se los considera como meros grupos minoritarios;

Confirma que el médico Ramón Chiocconi no sólo ha sido testigo directo de los mapuches heridos y de que la comunidad mapuche está sufriendo segregación social desde hace siglos, sino también siendo testigo del importante valor espiritual que para el Pueblo Mapuche representan sus territorios, confirmándose que según el gobierno argentino la comunidad mapuche es un grupo ilegal sólo por desear recuperar sus territorios ancestrales, a pesar de que la ley argentina permite que puedan recuperarlos;

Confirma que la comunidad mapuche denuncia que el gobierno argentino está intentando privatizar algunos parques nacionales, por lo que la intención de las comunidades tribales sería resguardar armónicamente esos espacios sagrados;

Confirma que el accionar del gobierno argentino está violando los derechos humanos más fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la cultura y el derecho a la paz, por lo que merece el repudio más enérgico por parte de la comunidad internacional;

Confirma que en el 2015 el Tribunal Budista de Derechos Humanos ya ha sentenciado al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Tribales, lo cual debería ser revalidado por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Confirma que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) no es una organización terrorista sino una comunidad que lucha por los derechos del Pueblo Mapuche por medio de técnicas de acción directa, cuya utilización de este recurso se debe a la desesperación e impunidad que sufre esta comunidad oprimida a la que se le vulneran sus derechos de forma sistemática;

Confirma que la Comunidad Budista condena todo tipo de violencia, recurriendo a las poderosas armas de la ética humanitaria, la sabiduría compasiva y la contemplación activa para hacer frente a la injusticia;

Confirma que los Pueblos Tribales no son los propietarios originarios de las tierras, sino que más bien son realmente los genuinos guardianes de la Madre Tierra, existiendo como una parte integral de las tierras en lugar de existir de forma depredadora como la mayoría de los Estados del mundo;

Confirma que se ordena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha ignorado violaciones a los derechos humanos de la Comunidad Budista, que actúe urgentemente y con todos los instrumentos de la ley para detener la conducta violenta y criminal del gobierno argentino, salvaguardando el derecho a la vida y el derecho a la paz de todos los pueblos tribales de la Argentina.

Siempre con espíritu de reconciliación (maitri),

Maestro Maitreya Samyaksambuddha

Juez y Presidente del Tribunal Budista de Derechos Humanos

07 de Diciembre de 2017