Caso 02-2015: Gobierno de Myanmar, Presidentes
Thein Sein – Aung San Suu Kyi & Min Aung Hlaing
INFORME
SOBRE EL GENERAL GENOCIDA Min Aung Hlaing
En el día 28 de agosto
de 2018 el Tribunal
Budista de Derechos Humanos informa sobre la situación de genocidio
que sucede en Myanmar a causa del liderazgo criminal de Aung San
Suu Kyi & Min Aung Hlaing. Después de analizar las evidencias provenientes del reporte titulado “We will destroy everything”, se
confirma que Amnesty International
concuerda con el Tribunal Budista en que el General Min Aung Hlaing y otros altos mandos militares de Myanmar
deberían ser juzgados por crímenes contra la humanidad por
haber deportado, torturado, violado, incendiado y asesinado a miles de miembros
del Pueblo Rohingya durante una campaña de limpieza étnica, lo cual constituye
una "Ofensa
Suprema contra la Moralidad Internacional y la Santidad de la vida".
De hecho, tras encontrar que el gobierno de Myanmar cometió nueve tipos
distintivos de crímenes contra la humanidad, Amnesty International requiere que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve el Caso Myanmar ante la Corte Penal Internacional (ICC).
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
históricamente ha considerado que estos crímenes internacionales y violaciones
a los derechos humanos no serían actos aislados, lo cual es compartido por Amnesty International al afirmar que la
evidencia demuestra que estas masacres se tratan de un plan orquestado de
ataque sistemático y generalizado contra el Pueblo Rohingya, especialmente
realizando miles de torturas, violencia sexual y ejecuciones extraoficiales,
todo lo cual constituyen “Altos crímenes contra la mujer y la niñez”.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
confirma que Amnesty International
tiene evidencias de que el General Min
Aung Hlaing no sólo ha liderado y supervisado esta campaña de exterminio,
sino que también no ha prevenido, detenido ni castigado a aquellos que han
cometido los crímenes, por lo que se llama a la justicia internacional a poner
fin a la dictadura de terror e impunidad que están liderando Aung San
Suu Kyi & Min Aung Hlaing con el apoyo cómplice
y escandaloso del Vaticano y el State Sangha Maha Nayaka Committee.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
revalida a la valiente misión de expertos de la ONU, cuyo reporte coincide con el Tribunal Budista en que las
fuerzas de seguridad de Myanmar han
realizado contra el Pueblo Rohingya crímenes internacionales como persecución,
apartheid, tortura, violación y asesinato, concluyéndose que esto
constituiría crímenes contra la humanidad, además de afirmarse que se
deberían realizar órdenes de arresto contra el General Min Aung Hlaing y otros altos militares de Myanmar por perpetrar crímenes
de genocidio. Como parte de esta campaña de limpieza étnica contra el
Pueblo Rohingya, el gobierno de Myanmar
ha realizado de forma sistemática y generalizada abusos sexuales e
incineraciones de mujeres, niñas y bebés, constituyendo uno de los episodios
más atroces en la historia de la humanidad.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
percibe que el gobierno de Myanmar no
sólo ha desplazado forzosamente a más de 1 millón de miembros del Pueblo
Rohingya que han huido hacia Bangladesh, sino que también ha atacado a otras
minorías étnicas, desplazando a más de 150 mil personas de la minoría Kachin y
a 300 mil personas del Pueblo Shan, siguiendo el mismo patrón de expulsión
violenta que hicieron con el Pueblo Rohingya: tortura, violación y asesinato,
causando que muchos miembros del Pueblo Shan vivan en campos de refugiados
durante décadas. Por ello, la misión de expertos de la ONU concluyó que dichos delitos constituyen "crímenes de guerra"
realizados en el contexto de violentos conflictos étnicos de Myanmar.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
manifiesta que el reporte de la misión de expertos de la ONU es tan importante que propone que la Corte Penal Internacional (ICC) juzgue a Myanmar, pero incluso establece la posibilidad no sólo de que se
juzgue a Myanmar en otros Estados por
medio de la jurisdicción universal, sino también la posibilidad de crear un
Tribunal especial de la ONU similar
al que se creó para juzgar a Yugoslavia durante fines del siglo XX. La misión
de expertos no sólo responsabiliza a los militares liderados por el General Min Aung Hlaing, sino que
incluso coincide con el Tribunal Budista en afirmar que las autoridades civiles
lideradas por Aung San Suu Kyi contribuyeron
en la realización de estos crímenes atroces por medio de actos y omisiones.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
afirma que la organización Human Rights
Watch documentó que Myanmar ha
realizado detenciones arbitrarias, torturas y juicios ilegales contra
refugiados Rohingya que volvieron al país desde su exilio en Bangladesh,
demostrándose que la dictadura cívico-militar de Myanmar quebró su promesa internacional de que los refugiados que
retornen estarían a salvo y protegidos.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
solicita a los fiscales y jueces de la Corte
Penal Internacional (ICC) que consideren aprobar una antigua idea del
Tribunal Budista que consiste no sólo en referir el Caso Myanmar a un país con
jurisdicción universal, sino también la posibilidad de que la ICC juzgue a los altos mandos de
Myanmar por cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el Pueblo
Rohingya que huyó a Bangladesh, lo cual
podría ser abordado a través de una interpretación amplia del Estatuto de Roma que ha sido firmado
por Bangladesh. Esta interpretación jurídica amplia realizada por el Tribunal
Budista permite que la Corte Penal
Internacional (ICC) juzgue crímenes cometidos por países no-firmantes que
ocurran en el territorio de países firmantes del Estatuto de Roma. Esta
ampliación de la concepción de jurisdicción
territorial para incluir a los ciudadanos sería similar al mismo criterio
de inmunidad soberana que se traslada sobre funcionarios gubernamentales. La
ampliación de la jurisdicción territorial de la ICC para incluir también a las víctimas –y no sólo a territorios y
embarcaciones- de países firmantes del tratado permitiría juzgar a Myanmar, pues los refugiados Rohingya
podrían ser considerados como nuevos ciudadanos de Bangladesh. Por otra parte,
la ICC también podría ampliar la jurisdicción personal de la Corte, no
sólo considerando que los acusados deben ser ciudadanos de países firmantes del
Estatuto de Roma, sino que también
pueden serlo las mismas víctimas.
El Tribunal Budista de Derechos Humanos
es un órgano autónomo que responde tanto al sistema legal de la Nación Budista
como también tiene el mandato de respetar las libertades fundamentales y los
derechos naturales de todos los seres sintientes del planeta, actuando como
órgano de supervisión ética en el mundo.
Siempre con espíritu de
Reconciliación (Maitri),
S.E. Maestro Maitreya
Samyaksambuddha
Presidente y Juez del Tribunal Budista de Derechos Humanos
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