CASO 27-2017: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)
MANIFIESTO
sobre Torturas Carcelarias
El
Tribunal Budista de
Derechos Humanos, defensor de los derechos de la ciudadanía
global y de todos los seres de la Madre Tierra, ejerciendo la soberanía
cultural que emana de los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales, conoce
perfectamente la situación de pobreza y opresión en la que se encuentra gran
parte de las poblaciones marginadas del mundo, las cuales pierden total o
parcialmente sus libertades políticas, económicas, jurídicas y ambientales;
El
Tribunal Budista de
Derechos Humanos tiene una vocación ética universal, por lo que
se dirige a toda la humanidad para que tome consciencia de la situación
terrible que padecen las poblaciones de presos en las cárceles;
El
Tribunal Budista de Derechos
Humanos se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que previamente se ha
sentenciado como Responsable de los cargos
de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS BUDISTAS Y COMUNIDADES ESPIRITUALES, y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
A LA VIDA, PAZ E INTEGRIDAD;
Se
manifiesta que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es cómplice de los crímenes de la República
Argentina, pues ha rechazado investigar ciertos actos delictivos cometidos por
este Estado que merecen ser condenados, como la discriminación religiosa y la
violación al acceso a la justicia;
Se
manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las
acciones del Tribunal Budista, como el Pronunciamiento sobre Desprotección
Judicial del día 4 de marzo de 2017, donde se insistía en denunciar que la policía y el sistema carcelario de Argentina cometen crímenes
de lesa humanidad, pues de forma sistemática o generalizada
existen casos de tortura, abuso y detenciones prolongadas arbitrarias;
Se
manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las
acciones del Tribunal Budista, como la Proclamación
sobre Violencia Institucional del 05 de Febrero de 2018,
donde se denunciaba que el gobierno
argentino del Presidente Macri ha criminalizado la protesta social por medio de
la represión directa contra manifestantes o por medio de la detención
arbitraria masiva de manifestantes y transeúntes, reprimiendo violentamente con
gases tóxicos y disparos de bala contra civiles, legisladores opositores y
periodistas, incluso realizando tratos crueles e inhumanos contra mujeres, por
lo que se estaría cometiendo crímenes
contra la humanidad;
Se
manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las
acciones del Tribunal Budista, como cuando en Proclamación sobre Violencia Institucional se
confirmó que el gobierno de
Argentina va a continuar realizando y avalando episodios de violencia institucional
con impunidad, como torturas, detenciones arbitraras y ejecuciones
extraoficiales, salvo que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida intervenir urgentemente
para frenar este plan sistemático y generalizado de impunidad y violación a la
justicia de los derechos humanos;
Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ignorar que el gobierno argentino no
estaría haciendo nada para frenar los numerosos casos de abusos policiales, como agresiones
y detenciones arbitrarias, e incluso ejecuciones
extrajudiciales o torturas, que han sido denunciados por organizaciones como la Coordinadora Contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi) y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin);
Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ignorar que el Tribunal Budista condenó
públicamente al Presidente Macri como partícipe necesario del plan sistemático de
violencia institucional y abusos a los derechos humanos en Argentina,
especialmente por las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones
extraoficiales;
Se manifiesta que según el Registro Nacional de Casos de Tortura, elaborado
conjuntamente por la Procuración
Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y
Derechos Humanos, el
sistema penal de Argentina utiliza a la tortura
como un elemento estructural, extendido y
persistente, pues en el año 2017 las cárceles argentinas han realizado más
de 5300 casos de torturas contra
más de 1400 víctimas, sometiendo a los presos a agresiones físicas, salud inadecuada, aislamiento individual, malas
condiciones materiales, alimentación deficiente, amenazas, impedimentos de
visitas familiares y vínculos sociales,
requisas personales vejatorias,
robos, y traslados gravosos o constantes, logrando que los presos dejen de
sentirse como seres humanos;
Se manifiesta que Alcira Daroqui, directora del
Departamento de Investigaciones de la Procuración
Penitenciaria de la Nación y coordinadora del Registro
Nacional de Casos de Tortura,
afirmó que la tortura en el sistema
carcelario está presente de forma
sistemática y generalizada, lo cual demuestra totalmente la rectitud de la
condena del Tribunal Budista de Derechos Humanos contra el Estado
Argentino por crímenes contra la
humanidad;
Se manifiesta que la tortura en las cárceles argentinas incluyen una
regularidad y sistematicidad de golpes de
puño, patadas, palazos, gas pimienta y lacrimógeno, y técnicas de aturdimiento, siendo una deliberada forma agravada de
trato inhumano y pena cruel degradante, intentando dominar a los presos con el
costo de generar mayores grados de violencia intracarcelaria;
Se manifiesta que la Procuración Penitenciaria de la Nación ha advertido que el
aislamiento como forma de castigo constituye un modo de tortura, lo cual se evidencia en que en las celdas de encierro los
presos se encuentran retenidos en condiciones degradantes casi la totalidad del
día y sin luz ni ventilación, estando rodeados de orina y materia fecal, sin
colchón para dormir en presencia de ratas y cucarachas, sin comida y sin
atención médica, incluso generando mayores niveles de torturas de los guardias cuando los presos denuncian sus
condiciones de vida inhumanas;
Se manifiesta que Alcira Daroqui, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, afirmó que la baja cantidad de denuncias no
corresponde con la enorme cantidad de hechos de torturas registrados, lo cual
sería explicado tanto por la impunidad que genera el ámbito judicial argentino
como también se debería al miedo de los presos a ser asesinados como represalia
de sus denuncias;
Se manifiesta que existen informes que contabilizan un total de más de
1900 muertes de detenidos en cárceles desde el período 2010 al 2017, lo cual es
una cifra que incluso ha alarmado a la ONU;
Se manifiesta que el 13 de mayo de 2017 el Comité
de la ONU contra la Tortura ya había
requerido al gobierno argentino del Presidente Macri que realice medidas
urgentes contra la violencia producida por las fuerzas de seguridad, debiéndose
investigar exhaustivamente y prohibir inequívocamente las prácticas de maltrato,
tortura, asfixias y vejámenes que son una práctica recurrente de la estructura
militarizada corporativa de las fuerzas de seguridad y el personal
carcelario, cuyos patrones de violencia y
arbitrariedad también se extienden a detenciones de jóvenes sin orden judicial;
Se manifiesta que el 60% de los detenidos en Argentina son presos sin
condena que muchas veces tienen prisión preventiva por períodos de hasta 5 años,
lo cual causa una superpoblación carcelaria y condiciones de hacinamiento
inhumano, tal y como fue confirmado por el Relator
de la ONU sobre Tortura;
Se manifiesta que en Abril de 2018 el Relator
de la ONU sobre Tortura denunció que se
debe actuar ya contra el maltrato, la tortura y el abuso de armas
en las cárceles de la Argentina, afirmando que estas prácticas arbitrarias de
detención inhumana son parte de la
arquitectura opresiva de la dictadura militar del pasado pero que aún sobrevive
dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, lo cual se suma a
condiciones de detención en total hacinamiento, sin higiene, sin agua y sin
atención sanitaria, muchas veces obligando
a los detenidos a convivir con ratas y a tomar el agua de los inodoros que son
utilizados para orinar y defecar;
Se manifiesta que Melzer, el Relator
de la ONU sobre Tortura, confirmó que en caso de persistir este tipo de
prácticas violentas, impunes y generalizadas de las fuerzas de seguridad y
carcelarias, entonces Argentina sería
Responsable de una violación generalizada y persistente de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual
revalida absolutamente la Sentencia del Tribunal Budista de Derechos Humanos
contra el gobierno argentino por cometer crímenes contra la humanidad;
Se manifiesta que el Relator de la
ONU sobre Tortura incluso recopiló testimonios que demuestran que el
servicio carcelario argentino utiliza técnicas de tortura de la CIA, como
las técnicas del submarino mojado
(sumergir la cabeza de la persona en agua) y el submarino seco (introducir la cabeza en una bolsa de plástico);
Se manifiesta que el Relator de la
ONU sobre Tortura también constató que las personas de barrios marginales y
comunidades indígenas suelen sufrir enormes excesos por parte de la policía
argentina, deteniéndolos cuando realizan protestas civiles, y obligándolos a
confesar delitos o denunciar a otras personas;
Se exige la investigación profunda de las torturas realizadas por
la policía y el personal carcelario de la Argentina;
Se exige la inmediata adopción de medidas que traigan justicia a los miles
de personas que han sido torturadas por parte de las fuerzas de seguridad de
Argentina.
Se exige la urgente implementación de asistencia humanitaria para toda la
población carcelaria de Argentina, poniendo fin al régimen de violaciones a los
derechos humanos.
Se exige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue y juzgue los crímenes contra la humanidad
cometidos por el gobierno argentino del Presidente Macri, pues de lo contrario
la CIDH estaría cometiendo un acto de Complicidad
con crímenes de lesa humanidad.
Se responsabiliza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por ignorar el patrón
sistemático y generalizado de maltrato,
detenciones ilegales y torturas realizadas por las fuerzas de seguridad
argentinas, todo lo cual confirma que la inacción de la CIDH es una Violación al Derecho Internacional.
En
el día 20 de Septiembre de 2018 se expresa el presente Manifiesto sobre Torturas
Carcelarias como forma de contribución a un mundo más pacífico,
justo, culto y sano.
Siempre
con maitri (reconciliación),
Maestro
Maitreya Samyaksambuddha
Presidente
y Juez del Tribunal Budista de Derechos
Humanos
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