Caso
24-2017: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela & Presidente Maduro
Resolución
sobre la Corte Penal Internacional (ICC)
10 de Febrero de 2018
El Comité Internacional de Ética Budista y Tribunal Budista de Derechos
Humanos,
Recordando los principios del Derecho
Budista y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos
adoptada por la ONU y la Convención Budista de Derechos Humanos
adoptada por la United Buddhist Nations Organization;
Considerando que en el 12
de Abril de 2017 el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
Venezuela fue sentenciado por los delitos de Violación al Estado
Constitucional Democrático de Derecho y Violación
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
Reafirmando el Dictamen legal del
4 de Mayo de 2017 contra el Presidente
Maduro de Venezuela por los cargos de Golpe de Estado y Crímenes
de lesa humanidad;
Consciente de que en Septiembre
de 2017 el Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad al-Hussein, coincidió con el Tribunal
Budista de Derechos Humanos y pidió públicamente iniciar un caso legal
internacional sobre Venezuela por crímenes contra la humanidad ocurridos
en el contexto de abusos de las fuerzas policiales contra manifestantes
políticos civiles, que incluyen delitos como detenciones arbitrarias, fuerza
excesiva y torturas;
Deplorando el hecho de que
Venezuela sea uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
pues su presencia es una afronta contra los principios por los cuales fue
creada la ONU, por lo que se debería expulsar a Venezuela como miembro, tal y
como han señalado el exembajador venezolano Diego Arria y también Hillel Neuer
director de UN Watch;
Tomando en consideración que el
exembajador venezolano Diego Arria también ha manifestado que la Corte Penal Internacional (ICC) debería
juzgar a Venezuela por crímenes contra la humanidad, además
de considerar los asesinatos de civiles como actos perversos, crueles y criminales que se enmarcan en un plan
generalizado y sistemático de fuerza excesiva contra manifestaciones políticas,
que incluye la detención arbitraria de opositores, el trato inhumano y la
tortura;
Examinando que las miles de
detenciones arbitrarias, muchos de ellos de niños, y los cientos de asesinatos
extrajudiciales, dentro de un uso
generalizado y sistemático de la violencia excesiva que incluye también un
plan táctico y estratégico de homicidios, encarcelamientos, torturas y abusos
sexuales, según el Secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) conforman crímenes de lesa humanidad;
Preocupado enormemente por el
hecho de que en la justicia norteamericana existen evidencias de que el
gobierno venezolano del Presidente Maduro, junto con los altos funcionarios Tarek
El Aissami, Maikel Moreno, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Néstor Reverol,
estarían conformando una organización criminal transnacional
dedicada al narcotráfico;
Repudiando el hecho de que el
Papa Francisco I haya confirmado que él siempre ha hablado fuerte y claramente, y que el Vaticano ha realizado
mucho por el gobierno venezolano;
Notando que el
Presidente Maduro ha sido denunciado ante la Corte Penal
Internacional (ICC)
por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusándolo por crímenes
contra la humanidad por llevar un plan
de limpieza social entre los años 2015 a 2017, que incluyó crímenes de
ejecuciones extraoficiales, torturas y encarcelaciones, siendo un ataque
sistemático y generalizado contra la población civil;
Denunciando ante la justicia
internacional que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó
ante la ICC más de 1000 elementos
probatorios sobre la acusación de crímenes de lesa humanidad cometidos
por el gobierno venezolano del Presidente Maduro, existiendo pruebas de
reconocimientos médicos, psiquiátricos y técnicos, además de entrevistas a
víctimas, donde se comprueban más de 8 mil muertos y 17 mil detenciones
arbitrarias;
Repudiando la inacción de la Corte Penal Internacional (ICC) durante
los últimos 4 años, pues la denuncia de crímenes
de lesa humanidad realizada por la exfiscal Ortega contra el Presidente
Maduro es la cuarta denuncia presentada ante este organismo, especialmente
teniendo en cuenta la denuncia del año 2014 presentada por doscientos
legisladores de ocho países de Latinoamérica que exigieron a la ICC investigar al Presidente Maduro por
crímenes
de lesa humanidad contra manifestantes pacíficos y desarmados;
Estableciéndose solemnemente que
es una buena noticia que en 2018 la fiscal Fatou Bensouda de la
ICC haya decidido abrir un examen
preliminar sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura
de Nicolás Maduro en Venezuela, especialmente porque es un primer paso para
cumplir con la exigencia dictaminada por el Tribunal Budista de Derechos Humanos en mayo de 2017, cuando se manifestó:
“Se exige que Fatou Bensouda, la Fiscal
de la Corte Penal Internacional (ICC),
comience a trabajar adecuadamente en el caso de Venezuela y que prontamente
lleve al Presidente Maduro ante la justicia internacional por “Crímenes contra la humanidad”,
dejándose constancia que la indiferencia o el retardo injustificado para dar
justicia ante estos crímenes constituye un acto de complicidad omisiva”;
1. Expresa que no es suficiente
simplemente abrir un examen preliminar sobre abusos en Venezuela, pues esto ya
fue previamente realizado por la misma ONU, por cientos de legisladores
latinoamericanos y por juristas venezolanos, quienes ya han estudiado,
analizado y presentado las evidencias pertinentes.
2. Declara que cuando existen la
salud e integridad de millones de vidas de por medio no se debe realizar
investigaciones preliminares que duran varios años, sino que deben realizarse
investigaciones plenas y rápidas para proceder a un juicio justo y adecuado,
respetando el derecho humano a la justicia y a la Verdad de las miles de
víctimas, además de intentar prevenir que crezcan los conflictos y el número de
muertos.
3. Deplora como ilegal al régimen
cívico-militar del Presidente Maduro, al cual se lo considera como una organización criminal transnacional.
4. Confirma
que es adecuada la decisión del Parlamento
Europeo de incluir al Presidente Maduro de Venezuela en las sanciones que
impone la Unión Europea.
5. Felicita
al gobierno de Canadá por imponer sanciones contra el Presidente Maduro de
Venezuela, y otros 18 altos funcionarios, por sus actos de corrupción y graves
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
6. Corrige la Sentencia original
contra el régimen venezolano, al cual se incluye el cargo de CRIMENES
CONTRA LA PAZ, debido a las persistentes violaciones a los derechos
humanos que continúan incluso luego de las múltiples denuncias por crímenes
de lesa humanidad contra Venezuela.
7. Implora a la Corte Penal Internacional (ICC) que deje de obsesionarse con sólo
juzgar a países africanos, y que comience a juzgar a Estados de todo el mundo,
especialmente a los ricos y poderosos que gozan de impunidad.
Siempre con espíritu
reconciliador (maitri),
S.E. Maestro Maitreya Samyaksambuddha
Juez y Presidente del Tribunal Budista de Derechos Humanos
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